El gobierno de la provincia argentina de Santa Fe dispuso el cierre de una planta de reciclado de baterías, tras comprobarse que su accionar ocasionaba graves perjuicios al medio ambiente.
La fábrica, ubicada en la localidad de Coronel Domínguez, ya había sido clausurada en 2003, cuando un grupo de vecinos reunió firmas y elevó una nota a la municipalidad. En una medida increíble, la Justicia respondió a un recurso de amparo y dispuso a fines del año pasado la reapertura de la planta por 60 días, con el objetivo de “tomar muestras de su funcionamiento”, según publica el diario Perfil.
Tras vencer dicho periodo, el Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe ordenó nuevamente la clausura, ya que detectó altos niveles de plomo en la sangre de cuatro niños que viven en los alrededores de la planta.
Los más de cinco microgramos de plomo por decilitro en sangre hallados constituyen una cantidad “dañina para la salud”, según admitieron las autoridades santafesinas, ya que pueden causar “anemia, saturnismo y distorsiones en el neurodesarrollo” de las personas.
De acuerdo a lo manifestado por una vecina de Coronel Domínguez a Perfil, la fábrica reutilizaba un 30% de plomo en sus tareas y el otro 70% era “desechado y vertido a la tierra sin ningún procesamiento, por lo que fueron contaminadas las napas de agua”.
La pregunta es: ¿quién se hace cargo del daño ambiental que causó la planta en los 60 días que funcionó bajo el recurso de amparo? ¿Y de los problemas de salud que sufrieron los niños contaminados por el plomo? La mala decisión judicial, lamentablemente, puede haber causado un daño irreparable.
Es importante ser ese granito de arena en pos de un mejor ecosistema, como lo estamos haciendo en Ecuador.