Y es que según ha comentado este grupo, al parecer el Cabildo de Tenerife ha incurrido en una grave irregularidad al haber aprobado una infraestructura sobre la que no poseen competencias.

Esto es así porque esta aprobación debía haber sido transferida al Gobierno de Canarias, de forma que la citada institución pública es un órgano incompetente por razón de la materia y el territorio.

Además tampoco ha sido sometido a la denominada como Evaluación Ambiental Estratégica, un procedimiento que es obligatorio desde su aprobación en el año 2007 para aquellos programas y planes nuevos.

Por primera vez, y si no recordamos mal, el primer acuerdo de aprobación del citado plan fue anulado el 27 de abril del 2007 después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias diera la razón a la citada agrupación ecologista.

En este caso, el plan fue suspendido por haberse saltado un trámite ciertamente imprescindible de información pública, motivo tras el que el Cabildo llevó a cabo una nueva aprobación el pasado día 27 de marzo del 2009.

El grupo ecológico, por todo lo expuesto hasta estos precisos momentos, considera “alarmante” que la administración pública actúe de una forma tan irregular, y que deba ser la propia ciudadanía quienes tengan que estar pendientes de si se cumple o no con la legalidad establecida para tales actuaciones.

Vía | Nota de prensa de Ecologistas en Acción Imagen | Flickr